Lejos de reducirse al recorte de los servicios públicos, las reformas del “estado del bienestar” responden, como han señalado diversos autores (Clarke, Gewirtz y McLaughlin, 2000; Laval y Dardot, 2013) a una profunda transformación del modelo social y del régimen de justificación que lo legitima. Ello conlleva nuevas formas de gobierno de los sujetos y de acción pública: aquellos se conciben bajo la figura del empresario de sí mismo (emprendedor), al que se exige convertirse en un actor comprometido en su auto-realización, demostrar su capacidad de adaptación (flexibilidad) a condiciones cada vez más duras e inciertas asumiendo la responsabilidad de los posibles fracasos. La acción pública se caracteriza por el despliegue y extensión, en los ámbitos más variados -no solo en el laboral/empresarial- de dispositivos que crean “situaciones de mercado”: exposición al riesgo, al cambio, competencia entre sujetos, maximización de resultados, multiplicación del esfuerzo (Laval y Dardot, op.cit.). Los sistemas educativos no escapan a esta lógica, juegan un papel crucial en la "produccion" de sujetos acordes al modelo social y a las condiciones productivas. Se analizan los diversos mecanimos mediante los cuales la LOMCE traslada al escenario escolar el modelo de las relaciones empresariales, que apuntan a construir "capital humano" diferenciando poblaciones. Se examinan cómo la reforma articula dichos dispositivos, naturaliza el "talento", deshistoriza y desocializa las trayectorias educativas, consagra la catalogación de poblaciones en función de imágenes de eficacia/ineficacia, responsabiliza a la familia y al alumno de los logros o fracasos, multiplica itinerarios mediante diagnósticos precoces, favoreciendo, en suma, la exclusión temprana de los colectivos más vulnerables. A partir de estudios anteriores en contextos migratorios, se analiza cómo la LOMCE retoma y legitima procesos "informales" de inclusión diferencial de los jóvenes inmigrantes que venimos documentando.