La situación de las mujeres madres migrantes que ejercen la prostitución en España evidencia una compleja interacción entre moralidad, merecimiento y protección social. Este grupo enfrenta barreras significativas en el acceso a ayudas en materia de protección social, debido a los criterios morales estigmatizantes que azotan el reconociendo social de quien ejerce la prostitución en nuestro país. Aunque la maternidad suele ser un criterio determinante para recibir apoyo, el ejercicio del trabajo sexual genera prejuicios que cuestionan su capacidad para equilibrar la actividad laboral con la crianza. Este rechazo refuerza la vulnerabilidad de las mujeres madres migrantes, acentuando la inestabilidad económica y emocional de sus familias, ya que la revelación de su profesión influye en la denegación de las prestaciones o, en el peor de los casos, la retirada de custodia de sus vástagos. Por ello, muchas mujeres optan por el anonimato. En este camino, las asociaciones y colectivos juegan un papel fundamental en la vida de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, puesto que suponen una red de apoyo económico, legal, jurídico, sanitario y emocional, mitigando la desconfianza y el estigma social. Así, la protección social en España, preciada como un derecho fundamental que concibe a las clases sociales más vulnerables como grupos preferentes en la asistencia a través de sus políticas públicas, en un intento por paliar la pobreza y la marginación de determinados colectivos, multiplica los estigmas sociales arraigados en quienes ejercen la prostitución y les privan de su consideración de merecedoras de protección social.

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