La violencia estructural se caracteriza por un orden político, social y económico arraigados en la sociedad que normaliza la opresión, subordinación y sometimiento de ciertos grupos de personas. En México una de las manifestaciones de dicha violencia se refleja en la falta de acceso equitativo a oportunidades de empleo, salarios bien remunerados y justos, así como condiciones laborales dignas.El país enfrenta desafíos persistentes en términos de inequidad laboral, son las minorías étnicas y las mujeres quienes padecen en mayor medida estas desigualdades, limitando sus trayectorias profesionales y el acceso a mejores condiciones laborales, perpetuando así el ciclo de la pobreza.La falta de políticas públicas efectivas para garantizar el acceso equitativo a recursos y oportunidades, así como la corrupción en las instituciones, contribuyen a esta violencia estructural a la vez que debilita los organismos de protección a grupos vulnerables.En el contexto de Puerto Vallarta estas formas de violencia estructural se han normalizado a través de contratos temporales, subcontratación, largas jornadas laborales, bajos salarios y falta de acceso de prestaciones laborales. Es relevante mencionar que el alto índice de empleo informal en México contribuye a esta violencia estructural, exponiendo a los trabajadores a las condiciones más precarias y de mayor vulnerabilidad debido a la falta de prestaciones sociales básicas.Por último, una variable a analizar es la discriminación basada en la apariencia física, edad, género y discapacidad, factores que también juegan un papel crucial en la configuración de la violencia estructural en el ámbito laboral.