El sector productivo de frutos rojos en la provincia de Huelva (Andalucía), lleva contratando a mujeres en origen más de dos décadas. Primero contando con mujeres del Este de Europa principalmente de Rumanía y Bulgaria y posteriormente con mujeres marroquíes tras la entrada de estos países en la Unión Europea. En la actualidad, las mujeres contratadas venían ocupando unos 21.000 puestos de trabajo, hasta 2020 cuando el número fue reducido por el cierre de fronteras, así como en 2021 donde fueron 14.000 las mujeres que finalmente pudieron trabajar en la temporada, debido a las complicaciones derivadas del virus Covid 19. Su trabajo es esencial para el sostén del sector, pero su aceptación está ligada íntimamente al desarrollo laboral. Una vez que termina la campaña, las mujeres que no regresan se enfrentan primero a una situación irregular administrativa, pero sobre todo a un desprestigio social por parte de la población receptora, que utiliza el término “fugadas” para referirse a ellas. Inmediatamente pierden el estatus de trabajadoras y su figura es vista como un problema. La presente comunicación pretende acercarnos a esta negación de la agencia como sujetos  por parte de las asociaciones de agricultores, los propios productores así como las ONGDs de la zona. A partir de una metodología cualitativa de corte etnográfica, se presentan extractos de entrevistas como base empírica, fruto del trabajo de campo llevado a cabo las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 en Huelva