En un país como España, donde, según consta en la Base Estatal de Datos de personas con discapacidad del IMSERSO (2020), la mitad de las personas con diversidad funcional son mujeres, resulta importante visibilizar las situaciones de discriminación múltiple, vulnerabilidad y violencia en las que se ven envueltas. Existen muchas razones que explican por qué la violencia de género se manifiesta especialmente en este colectivo, una de ellas es la arraigada percepción en la sociedad de que hombres y mujeres no son iguales, conllevando a una dominación social y física hacia estas. También influyen significativamente Otras temáticas factores, cómo las políticas públicas existentes, condicionadas por los prejuicios en torno a las mujeres con diversidad funcional, reducen sus posibilidades de articular demandas, establecer relaciones y de participación social. De esta forma, se siguen reproduciendo esquemas punitivistas, donde la denuncia y la detención del agresor es siempre la respuesta, sin tener en cuenta los complejos equilibrios convivenciales y de cuidado que tienen que hacer estas mujeres a lo largo de sus vidas. En definitiva, a partir de la revisión de la literatura existente, así como de la normativa, hecha en el marco del Proyecto de Investigación INV-IGU160-2021 “Persiguiendo la igualdad: la doble discriminación de ser mujeres víctimas de violencia de género con diversidad funcional”, financiado por el Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada 2021, pondremos en cuestión qué tipo de respuesta se les está dando por parte del Estado a estas mujeres.