La categoría del “extranjero ilegal” es una construcción social dirigida a la criminalización de la inmigración. Es en función de un propósito utilitario que esta alteridad se construye a partir de representaciones, discursos y prácticas. La promesa de explotación laboral es a menudo la razón que favorece su emergencia. En el contexto social chileno actual creemos que es posible afirmar su instalación en el imaginario colectivo. En oposición, en lo que al reflejo jurídico de esta categoría refiere, el análisis de la legislación chilena en materia de extranjería sugiere que ésta no prevé un estatuto jurídico diferenciado, específico e inmutable –en el modo en que sí se encuentra en la legislación española elaborada a tal efecto (estatuto de extranjero en situación irregular). Consecuentemente observamos una normativización del estatuto de legalidad en Chile que procura, entre otras cosas, la recuperación del mismo en casos tales como la pérdida de los permisos de estancia o residencia, sean temporales o permanentes. La legislación chilena contempla la posibilidad del cambio de estatuto jurídico dentro del territorio del país. Una modificación en la legislación tendente a la creación del estatuto de irregularidad administrativa inmutable –a través del establecimiento de nuevas normas para la visación, que impidiesen la recuperación de la misma o de la adquisición de otra- podría suscitar la profundización del proceso de criminalización de la inmigración. La presente propuesta intenta exponer a través de un trabajo de interpretación jurídica los peligros que para la democracia chilena podrían motivarse de verse modificados tales estatutos.

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