Establecidas por la biomedicina las causas principales de la obesidad en torno a los procesos que acompañan la “modernización” de las sociedades (industrialización, sedentarismo, consumismo…),  las estrategias adoptadas durante la última década muestran que, sobre el papel, el Estado trata de posicionarse como regulador socio-sanitario de los  estilos de vida saludables al tiempo que pretende corresponsabilizar a otros sectores implicados, tales como la industria alimentaria o restauradora. Sin embargo, en la práctica, la mayor parte de acciones han acabado limitadas a un público indeterminado  y se han basado en el modelo de información/comunicación vertical, siendo así menos costosas en su ejecución pero, a juzgar el aumento de la obesidad durante estos años, también poco eficaces. Esta comunicación muestra que la intervención del estado en los sectores supuestamente co-participes de potenciar las denominadas “sociedades obesogénicas” (término usado por expertos y  autoridades sanitarias para referir a la “cultura” como la principal causa) se ha remitido a acciones de puro maquillaje que ahondan en la regulación de la dieta y del peso y en la responsabilización individual, a la vez que insisten  en la necesidad  de “comer menso y moverse más” como garantía de la mejora de los estilos de vida. Se discute si el escaso papel otorgado en estas políticas a los factores estructurales (mercantilización, precarización, mecanización) y a los determinantes sociales de la salud  (clase social, género, origen étnico, edad) que dan cuenta de la desigual distribución social de la obesidad está en la base de este aparente fracaso.