Esta comunicación analiza la precariedad laboral en los servicios públicos de violencia de género externalizados, es decir, prestados por empresas privadas. En una primera fase de esta investigación, auspiciada por la UGT, se han realizado dos estudios de caso de servicios públicos emblemáticos, que son prestados por vía telefónica: el Servicio 016 de Información y Asesoramiento Jurídico y el Centro COMETA, que gestiona las "pulseras antimaltrato". Los casos han sido construidos mediante el análisis de los procesos de licitación, de la normativa laboral y de los testimonios de las trabajadoras. Ambos casos permiten establecer una correlación entre la externalización de estos servicios públicos y la precariedad laboral, donde la lógica de gestión como “call centers” es clave a la hora de interpretar las prácticas laborales precarizadoras de las empresas, así como los discursos críticos de las trabajadoras: (1) Pese a que se trata de servicios públicos indefinidos, el vínculo entre la administración titular y la empresa prestataria es de corta duración, temporalidad que se traslada a las trabajadoras. (2) Las relaciones laborales quedan por fuera de las garantías y derechos del empleo público, generando un modelo laboral dual en el seno de los servicios públicos. (3) Las plantillas low cost de estos dos servicios están compuestas por una amplia base de trabajadoras contratadas y remuneradas como operadoras telefónicas, a quienes no se reconoce la naturaleza cualificada de sus trabajos. (4) Las prácticas de organización del trabajo y de gestión de la productividad son típicas del sector del telemarketing.

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