A través del análisis etnográfico y una aproximación crítica al concepto de merecimiento, esta comunicación se centra en como las prácticas sociales en la acogida de asilo contribuyen a la desigualdad de acceso a la protección internacional.  Como parte de una dinámica hacia la externalización del sistema de asilo, en particular en relación al acceso a servicios y derechos, algunos estados de la UE, incluyendo España, han subcontratado los servicios de acogida a organizaciones no gubernamentales. En el caso de España la supervisión, la gestión y la autorización de la mayoría de estos servicios están pero legalmente en manos del estado. A pesar de esto, la falta de tiempo, financiación y los intereses del estado, junto con otras condiciones limitantes como prácticas de dispersión, han creado una situación donde las decisiones sobre el acceso a los servicios están en manos de los profesionales de las ONG. De acuerdo con regulaciones nacionales y internacionales estas decisiones están basadas en criterios establecidos de vulnerabilidad pero la implementación de estos criterios en la práctica diaria está marcada por políticas organizacionales, construcciones culturales y imaginarios de los equipos, profesionales y trabajadores públicos. Además, requisitos y prácticas burocráticas y de transparencia económica establecen condiciones adicionales que clasifican a los solicitantes de asilo en una escala de merecimiento, con claras consecuencias en su acceso a la acogida, la resolución de sus peticiones de asilo y sus procesos de incorporación en España. 

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