La migración está marcada por la incertidumbre en aspectos legales, económicos y sociales, afectando especialmente a quienes buscan mejores condiciones de vida. En América Latina, la migración venezolana es una de las más significativas, con 7,8 millones de personas desplazadas, de las cuales el 85 % ha buscado refugio en la región (ACNUR, 2023). Ecuador es el cuarto país con mayor recepción de migrantes venezolanos, con aproximadamente 502 214 personas en su territorio (R4V, 2023). La población infantil y adolescente representa el 20 % del flujo migratorio, con 1,1 millones de menores venezolanos desplazados, muchos de ellos viajando sin acompañamiento (UNICEF, 2023). En Ecuador, se estima que el 20 % de los migrantes venezolanos son menores de 18 años (Herrera, 2022). En Quito, el Patronato San José registró 793 habitantes de calle en 2022, de los cuales el 10 % eran migrantes venezolanos, entre hombres, mujeres y nilos. La mayoría pernocta en espacios públicos, especialmente en el Centro Histórico, evidenciando su situación de vulnerabilidad y exclusión social. A pesar de marcos normativos como el Código de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, estas poblaciones siguen expuestas a precariedad y violaciones de derechos humanos. La investigación propuesta se basa en el análisis del poder y el control de poblaciones marginales desde la perspectiva de Michel Foucault (2009) y la noción de "vida desnuda" de Agamben (2003), explorando la respuesta del Estado ecuatoriano y las estrategias de supervivencia de estas poblaciones en el espacio urbano.

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