La intersección de las crisis de vivienda, trabajo, salud y educación genera precarización y exclusión, perpetuando ciclos de pobreza. En Cataluña, el 32% de los menores de 18 años vive en pobreza (UNICEF, 2024), agravada por barreras estructurales al acceso habitacional. Esta investigación etnográfica (2018-2024) en Barcelona, analiza los impactos de la exclusión residencial en la infancia y adolescencia. Los resultados demuestran que la inseguridad de acceso a la vivienda trasciende espacios íntimos y relaciones, desestabilizando dinámicas familiares, escolares y comunitarias. Las consecuencias incluyen deterioro físico y mental, trastornos conductuales y de aprendizaje, así como dificultades en la construcción identitaria y de pertenencia. Un hallazgo central revela que el arraigo territorial incrementa la capacidad de las familias empobrecidas para organizar estrategias de subsistencia y afrontar crisis, generando agencia colectiva. Este proceso se sustenta en redes de apoyo mutuo construidas desde la confianza y la permanencia en el territorio, las cuales producen un capital social orientado no solo a sobrevivir, sino también a la defensa de derechos y la transformación sociocomunitaria. Dichas redes actúan como amortiguadores de la exclusión y catalizadores de resistencia frente a estructuras opresivas. Se enfatiza el abordar antropológicamente las intersecciones entre marginalidad urbana, políticas públicas y desarrollo infantil. Legislando en vivienda como base, propone fortalecer políticas que prioricen el arraigo comunitario y el tejido social local, para romper ciclos de pobreza y fomentar la equidad. Esta investigación contribuye a debates críticos, destacando cómo la resistencia cotidiana de comunidades vulneradas redefine narrativas de exclusión desde la práctica colectiva.

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