Mas temprano que tarde, los y las antropólogas nos vemos solicitadas a poner nuestra experticia y experiencia (e.g. inteligencia antropológica) al servicio del peritaje, sea este en grandes proyectos de infraestructura que implican desplazamiento de personas o afectación directa de sus medios de vida; sea la gestión de un bien patrimonial mal concebida o ejecutada; sea la denigración de comportamientos específicos que atañen a pueblos indígenas y afrodescendientes, minorías o colectivos por su género o religión. En muchos casos la pericia es solicitada in medias res o postfacto cuando el daño está avanzado o hasta es irreversible; cuando ya se inició el proceso judicial; se afectaron vidas, se destruyó el paisaje cultural o el bien patrimonial. La pericia se enfrenta con diferentes cuerpos de leyes nacionales o convenios internacionales ratificados y con limitaciones de tiempo. Además de visitas en terreno y el estudio de la documentación que se ha ido acumulando en el proceso, se requiere ordenarla y dilucidar las contradicciones que encierra. La descripción se vuelve densa, y a la vez, ininteligible para el no iniciado y aquí entra en juego nuestra capacidad de síntesis y apuntalamiento de los argumentos con base en la teoría y la realidad enfrentada, lo cual conlleva al final a una interpretación de buena fe del análisis de múltiples fuentes. El éxito para los y las afectados(as) tampoco está asegurado y con suerte contribuirá a establecer jurisprudencia para futuras pericias. En este trabajo nos serviremos de algunos casos hondureños para ilustrar estos planteamientos.

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