El trabajo de archivo en el que se basa esta investigación, está revelando ciertas cuestiones que permiten establecer un primer boceto sobre la estructura de creencias que sostuvo la represión, y paralelamente, sobre las estrategias de defensa que accionaron los investigados y su entorno.Estos informes, redactados por el Delegado Militar de Orden Público y dirigidos al juez instructor, eran la conclusión de las pesquisas previas consistentes en opiniones de vecinos y de personas de la comunidad que el Régimen consideraba relevantes (el párroco, la Guardia Civil, militantes de Falange, el alcalde).La trascendencia de este tipo de informes radica en su consideración de prueba fehaciente para la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas (1939). Las sanciones aplicables a los condenados se dividían en tres grupos: restrictivas de la actividad, limitativas a la libertad de residencia y económicas, siendo las sanciones económicas de compatible aplicación con los otros dos grupos.De los informes analizados se desprende la sinergia entre los aspectos políticos y morales a la hora de encausar a los sospechosos, la volubilidad en cuanto a las causas condenatorias, la trascendencia de las relaciones sociales para lograr sobrepasar los límites del entramado represivo o las redes de solidaridad y resistencia que emergieron del tejido social.Lo que observamos son dinámicas de poder y resistencias ante la reconfiguración de la vida cotidiana tras un cambio social radicalmente impuesto y sostenido en el terror institucionalizado.

(*)El autor o autora no ha asociado ningún archivo a este artículo