Presentamos algunos resultados de un proyecto de investigación desarrollado en la región de Tarapacá entre noviembre de 2023 y agosto 2024. En los últimos cinco años se ha registrado un incremento de personas migrantes venezolanas a diversos países de América Latina y Chile es el cuarto país con más presencia de este colectivo en su territorio (Gandini et al., 2019; Stefoni et al., 2023). La respuesta ha sido mayor control en su frontera norte, con situaciones de violaciones de derechos que vulneran, una vez más, a esta población. ¿Qué sucede cuando la frontera no es únicamente física, sino también simbólica? En conversaciones con Cruz Roja Chile, Servicio Jesuita a Migrantes y el Comité para la Prevención de la Tortura, coincidimos en que la población venezolana comenzó a dejar su país hace casi una década, pero los perfiles han sido variados. Los primeros en abandonar Venezuela fueron personas con recursos materiales que les permitieron instalarse de manera expedita. No sucede lo mismo con la población actual, que tiene mayores limitaciones materiales. Pareciera que las políticas migratorias mantienen una animadversión hacia poblaciones empobrecidas, con grandes necesidades de protección pero sin recursos, y buscan evitar su ingreso por la fuerza (Liberona et al., 2022; Cerda y Baeza, 2023; Rodríguez y Gissi, 2023). Esta situación ha sido ratificada por personas en condición de irregularidad, con quienes pudimos conversar en los campamentos transitorios de Colchane y Lobitos, donde sus condiciones de habitabilidad eran muy limitadas (Gómez y Santos, 2024).

(*)El autor o autora no ha asociado ningún archivo a este artículo