Las políticas migratorias influyen directamente la movilidad de diversas poblaciones que parten de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida. A partir de la masificación de caravanas de migrantes centroamericanos/as en octubre de 2018 y la emergencia del COVID-19, estas políticas se han endurecido para frenar la entrada de la población migrante y solicitantes de asilo en la tierra estadounidense. La aplicación del título 42 y Migrant Protection Protocols (MPP) o Protocolo ‘Quédate en México’ ha creado – aunque estas condiciones ya existían – la situación de “espera” en diversos lugares mexicanos. Estas personas que intentan cruzar la frontera, ya sea documentadas o indocumentadas, se han inmovilizado en la zona fronteriza México-Estados Unidos. Ahora que se terminó el protocolo ‘Quédate en México’ y se discute la eliminación del Título 42, el panorama parece ser diferente. En Tijuana, diariamente organizaciones de defensoría legal y humanitaria, en coordinación con Cross Border Patrol (CBP), llevan 200 personas a Estados Unidos con la promesa de permiso laboral, mientras se espera la resolución de sus casos de solicitud de asilo. Hay personas que denominan estas condiciones migratorias como “esclavitud contemporánea”, ya que no tienen libertad en elegir su lugar de residencia ni tipo de empleo. El objetivo de esta ponencia es presentar la continuidad de condiciones de espera de las personas que lograron entrar en Estados Unidos después de haber permanecido en Tijuana, desde una mirada feminista para mostrar las condiciones diferenciadas según el género, el estado civil y otras categorías sociales.