La lucha de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en contra de la construcción de la presa El Zapotillo es un ejemplo valioso que demuestra cómo comunidades amenazadas por megaproyectos extractivistas pueden desarrollar diversas estrategias -movilización legal- para defenderse ante el despojo de sus territorios. Lo sucedido mediante la imposición de la presa, de acuerdo con el avance de las investigaciones realizadas, tanto en la literatura científica como en las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, violentó diversos derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales. El actuar del estado mexicano mediante la imposición de la Presa merece ser analizado desde una perspectiva crítica de los Derechos Humanos. Lo es por dos razones. Primero, porque esta perspectiva puede explicar las causas estructurales que promueven este tipo de obras que constituyen un cercamiento de la común; aunque su argumento central de creación es “en beneficio de la Nación”, al final, producen la expoliación de los medios de vida, la explotación de los bienes naturales y, en esencia, la vulneración de un conjunto de Derechos Humanos para garantizar una calidad de vida digna. Segundo, la perspectiva crítica es necesaria para reflexionar en cómo debe establecerse la reparación del daño que, en casos de conflictos socioambientales, va mucho más allá de restituir los derechos de las personas afectadas.