• En el parlamento español se ha disparado la polémica sobre el uso de las distintas lenguas co-oficiales.
• Contrario al nocivo discurso de los grupos conservadores y de extrema derecha, la diversidad lingüística no es una amenaza para el estado nación.
• Por desgracia, la manera en la que el gobierno en funciones impulsa la diversidad lingüística evidencia su absoluta indiferencia ante la misma y la reduce a un mero interés partidista.

Fotografía: Parlamento español, Banco Nacional de Imágenes

“Éste es el templo de la palabra, y el uso de la palabra lo tiene el Señor Besteiro”. De esta manera la presidenta del parlamento español, Francina Armegol, amonestaba a la portavoz del partido de extrema derecha Vox, por interrumpir a Gómez Besteiro durante el pleno del pasado 18 de septiembre. El diputado socialista acababa de comenzar una intervención donde se dirigía al hemiciclo en gallego, con la que alababa la nueva medida de adoptar el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales en el congreso. Tras no permitir la intervención de Vox durante el turno de palabra de Besteiro, uno a uno los miembros de esta formación política abandonaron el hemiciclo, dejando los dispositivos de traducción en el escaño del presidente Pedro Sánchez, quien ni siquiera estaba presente en esa sesión.

Cuando por primera vez hace quince meses se propuso la ley mediante la cual se permite el uso de las lenguas cooficiales en el parlamento pensé, “vaya, por una vez, parece que va a salir del parlamento algo que verdaderamente merece la pena, y que va a beneficiar a nuestra sociedad.” La diversidad lingüística no es una amenaza para el estado nación. No es el uso de las distintas lenguas lo que lleva al auge de los ultranacionalismos, sino su supresión. Recordemos que, de facto, la mayor parte de los países del mundo son plurilingües, y aunque se nos haya querido meter en la cabeza que el monolingüismo es la norma y el bilingüismo y el plurilingüismo son la excepción, estimamos que aproximadamente un 60% de la población mundial—la mayoría—es bilingüe o plurilingüe. Son los viejos argumentos ultranacionalistas que ven en la mera existencia de lenguas diversas una amenaza para el estado nación los que dan origen a movimientos tan rancios, por ejemplo, como el English Only movement en Estados Unidos, un país en el que el inglés no tiene estatus de lengua oficial, y en el que se estima se hablan por encima de 300 lenguas distintas (estos son datos conservadores de la American Community Survey; los lingüistas de campo estiman que solamente en Ciudad de Nueva York se hablan más de 700 lenguas distintas). En definitiva, la coexistencia lingüística no es la excepción, es mucho más común de lo que pensamos. En sociedades plurilingües la gente está acostumbrada a escuchar hablantes de lenguas distintas de la propia, muchas veces aprenden estas otras lenguas, se casan con hablantes de otras lenguas, y éstas no suponen un obstáculo para la convivencia. La diversidad lingüística no tiene que suponer la fragmentación de las identidades nacionales, por mucho que los partidos conservadores se empeñen en señalar. Las distintas lenguas que se hablan en un país son parte de su patrimonio histórico e inmaterial, un tesoro del que debemos enorgullecernos y preservar. La ley que busca el reconocimiento de estas lenguas como válidas para que los diputados se puedan expresar mediante ellas en el parlamento es, bajo mi punto de vista, un gran acierto. La manera en la que está siendo gestionada por el gobierno en funciones no lo es. 

La primera vez que la ley fue propuesta en el año 2022 por el Partido Nacionalista Vasco se rechazó por un amplio grupo de formaciones políticas, entre ellas el PSOE, que es quien, qué casualidad, propone de nuevo la ley justo ahora, cuando Pedro Sánchez necesita los apoyos de los partidos nacionalistas —incluido el del Partido Nacionalista Vasco—para ser investido como presidente. Lo vergonzoso es que Sánchez no apoyara esta magnífica propuesta el año pasado y lo haga precisamente ahora. Hacerlo en este escabroso momento le quita valor a esta decisión histórica que es revolucionaria y necesaria para cimentar la convivencia en un estado nación plurilingüístico, como lo es España. Al presentar esta iniciativa justo ahora, forzándola hasta el punto de incumplir el protocolo al permitir el uso de las lenguas en la Cámara Baja días antes de haber sido aprobado en un pleno, el PSOE le sirve en bandeja los argumentos en contra de la diversidad lingüística a Vox y al Partido Popular, para quienes la medida sólo busca satisfacer presiones nacionalistas y exaltar la división de los españoles. Actualmente Vox está presentando una querella por prevaricación contra Armengol por haber permitido el uso de las lenguas cooficiales antes de haber sido aprobado en un pleno. Esto es propaganda política que perjudica gravemente no a la señora Armengol, sino a la percepción que tienen los españoles de las lenguas cooficiales.

Otra de las condiciones que Carles Puigdemont –líder en el exilio del partido nacionalista catalán Junts per Catalunya—le ha impuesto a Sánchez, conditio sine qua non para tener el apoyo de su partido para la investidura, es que estas lenguas deben también usarse en la Unión Europea. Bruselas no ha acogido con los brazos abiertos esta medida, pero los eurodiputados dicen que necesitan tiempo para examinar la propuesta y estudiar su implementación. Ante la negativa de Bruselas a la petición de aceptar de manera inmediata las lenguas cooficiales también en la Unión Europea, el Ministro de Exteriores José Manuel Albares pidió que de las tres lenguas cooficiales se priorizara el catalán para su uso en Bruselas, evidenciando todavía más hasta qué punto con esta medida el gobierno en funciones busca satisfacer las demandas de Junts per Catalunya para poder gobernar en coalición. Como consecuencia, lo que es una propuesta progresista y respetuosa con las diversas identidades culturales y lingüísticas que forman nuestro país se ve con total recelo en Bruselas, y muchos españoles también la rechazan por sentir que esta medida no busca preservar y ensalzar estas lenguas, sino asegurar una nueva legislatura para Sánchez. En otras palabras, los intereses políticos están destrozando una de las pocas cosas buenas que en los últimos años ha salido del Congreso.

La eliminación de las lenguas vernáculas es uno de los elementos claves de cualquier colonialismo. La lengua no sirve sólo para transmitir mensajes, es quizás el más potente marcador de identidad que existe. Cuando se suprimen elementos de la identidad de un pueblo, si ese pueblo no sucumbe a las presiones de un estado opresor, acabará buscando maneras de luchar contra la represión. El líder conservador, Alberto Nuñez Feijóo—quien irónicamente no duda en dirigirse a sus compatriotas en gallego cuando hace campaña en Galicia, si eso le va a dar más votos—sostiene que el uso de las lenguas lleva a un distanciamiento y a una exaltación del “estado plurinacional”. Ese pensamiento está anclado en un viejo mito muy pernicioso para la diversidad lingüística: la idea de que el multilingüismo es malo para la sociedad y para las personas. Toda la investigación sociolingüística apunta, no obstante, a que en sociedades diglósicas o poliglósicas no existe conexión entre multilingüismo y separatismo. Además, al adoptar estas lenguas cooficiales en el parlamento tampoco se inventa el plato hondo. Países como Canadá, Suiza, o Bélgica llevan décadas haciéndolo, y no es que haya llegado la sangre al río ni estén al borde de desmembrarse. Sería impensable en cualquiera de estos países que cuando un diputado interviene en cualquier lengua en la que se sienta más cómodo los demás políticos se rían de él como le pasó el otro día a Borja Semper cuando utilizó el euskera en parte de su intervención, o que se le llame “canelo”. Más que un “templo de la palabra”, como lo llamaba Armengol, la Cámara Baja parecía un patio de colegio lleno de niños mal educados.

Lo triste es que, en vez de usar esta propuesta como una auténtica oportunidad para promover la diversidad lingüística, los políticos la usan como moneda de cambio, y como consecuencia, suscitan el recelo en vez del apoyo de su electorado. Para promover la diversidad lingüística el parlamento debería despolitizar la ley que permite usar las lenguas cooficiales en el hemiciclo, lo cual empieza porque dicha ley sea propuesta y aprobada  fuera del tiempo donde se está peleando por una investidura.