El sistema político y económico actual, lejos de combatir la precariedad laboral, la carencia de recursos económicos, la pobreza, la exclusión, etc. y contribuir a la reconstrucción de un Estado del bienestar más igualitario y universalista, expulsa a una parte de la ciudadanía, condenándola a la marginación social. Sin duda uno de los signos más evidentes de la disfunción del sistema es la emergencia habitacional. En este trabajo se estudia el derecho a la vivienda como un elemento fundamental del Estado social y el rol que cumplen las Comunidades Autónomas en el disfrute y garantía de este. En primer lugar, se analiza la vivienda como un derecho humano fundamental y las limitaciones que puede sufrir como consecuencia del ejercicio de Otras temáticas derechos (la dignidad humana, la salud, un medio ambiente adecuado, la protección del patrimonio histórico, la propiedad, la iniciativa privada, entre Otras temáticas). Seguidamente se estudian las competencias de las Administraciones Públicas en materia de vivienda y se efectúa una revisión de la legislación autonómica, que regula: la vivienda como derecho, la emergencia habitacional y las prestaciones económicas en materia de vivienda. Se destacan las soluciones que han sido propuestas por los gobiernos autonómicos para atender la emergencia habitacional y las medidas implementadas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Finaliza este estudio reflexionando sobre esta cuestión desde la perspectiva del derecho de todas las personas a una vivienda digna y las dificultades para ejercer este derecho en un contexto político y económico dominado por el capitalismo neoliberal