El gobierno neoliberal es la tecnología de poder consistente en acondicionar medios que harían sumar y funcionar modos de ejercicio del poder, dispositivos, mecanismos y tácticas que permitirían dirigir las conductas de la población, apoyándose en la «naturalidad» de una realidad física en la que emerge la libertad de los sujetos (Foucault, 2008). Esta nueva razón del mundo, regida por normatividades prácticas mercantiles (Laval y Dardot, 2013), albergaría una dimensión socio-insecuritaria que operaría en torno al desplazamiento de las ansiedades derivadas de la precarización del trabajo asalariado, dificultades para acceder a la vivienda, el debilitamiento de servicios públicos sanitarios y educativos... hacia un encarnamiento en grupos sociales vulnerables en contextos de creciente estratificación, posibilitando un viraje penal en su gestión y debilitando su abordaje social (Wacquant, 2012). En la ciudad de Getafe, parte de este giro se desarrolló entre 2015 y 2018 (momento del trabajo de campo de mi etnografía doctoral) mediante la suma de lógicas y dispositivos sociales y penales con fuerzas diferenciadas, generando espacios profundamente ambivalentes. Uno de ellos es el dispositivo de intervención social de la ciudad, en el que se desarrolla la adjudicación de viviendas sociales por «emergencia social». En esta comunicación, se argumenta que, debido a las limitaciones de su articulación e implementación, el programa de vivienda social institucional tendería a funcionar como un castigo para los sujetos adjudicatarios por las situaciones de segregación, hacinamiento, abandono y de «aprender a convivir en y con la precariedad» que habría generado, alimentando el gobierno neoliberal de la inseguridad social de Getafe.