Los sucesivos gobiernos colombianos han expedido un importante número de normas legales y han implementado una serie de políticas públicas que redefinieron el acceso a más personas al mercado crediticio. La Constitución Política de Colombia de 1991 y los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) desde el año 2006, han incluido un acervo de políticas económicas encaminadas a flexibilizar las condiciones para adquirir créditos de consumo; una flexibilización que suponía dar facilidades de acceso a personas con cada vez menos capacidad económica para hacer frente a las obligaciones financieras contraídas. Recientemente se aprobó la Ley de “Borrón y cuenta nueva” que ha despertado fuertes intereses entre los deudores. Si bien toda esta estructura normativa puede ser una consecuencia adyacente del fuerte vínculo entre el sistema legal y el desarrollo económico, esto ha incidido en la flexibilización de las condiciones de aprobación de créditos para las clases de menos ingresos. Los bancos han modificado la tecnología de evaluación de los tomadores de crédito, sumado a las innovaciones en el negocio crediticio: desde las tarjetas de crédito que simplificaron el endeudamiento, hasta herramientas de altas finanzas como la securitización de la deuda del consumidor, han contribuido a la consolidación del negocio financiero. Esta pesquisa con matices etnográficos se aproximará a describir: normatividades, políticas públicas, instituciones y efectos que han dado lugar a la (des) regularización financiera en Colombia en las últimas décadas.