Las Áreas de Promoción Económica Urbana (APEUs) pueden ser presentadas como medidas de higienismo urbano al servicio del capital. Se trata de figuras jurídicas con efectos sobre calles y plazas que cuentan con el objetivo de modernizar y promocionar determinadas zonas urbanas, así como mejorar la calidad del entorno urbano mediante actuaciones sostenibles; consolidar el modelo de ciudad compacta, compleja y cohesionada y medioambientalmente eficiente; e incrementar la competitividad de las empresas, favoreciendo la creación de empleo, según el texto de la propia legislación. Su gestión estará al cargo de entidades privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, constituidas por las personas que acrediten ser titulares del derecho de posesión de los locales definidos. Así, se cedería la gestión del espacio urbano a parte del comercio local. Bajo las actuales circunstancias, con la vigencia de medidas altamente restrictivas sobre el espacio público debido a la necesidad de controlar la expansión del COVID19, poner en marcha una figura de estas características no puede dejar de ser preocupante. En Barcelona, conjuntamente con las medidas de urbanismo táctico -con un cariz más moralizador también pueden desencadenar toda una dinámica de procesos de acumulación y desplazamiento- transferir, aunque sea ligeramente, la gestión de determinadas prerrogativas sobre el espacio urbano a entidades privadas cuya única función es incrementar las ventas y el consumo de los bienes y productos de sus socias y socios, no parece la solución de justicia urbana. Justo este último aspecto es lo que pretende mostrar la presente comunicación.