Las políticas sociales diseñadas en el Estado español para la erradicación de la trata de personas reciben la influencia de enfoques de carácter internacional, como el criminal y el abolicionista de la prostitución. La existencia de ambos enfoques promueve que el proceso de acceso a derechos de las personas afectadas por este fenómeno, principalmente basado en su identificación como víctimas de trata por las autoridades españolas, dependa de su colaboración en el proceso de persecución penal del delito. Además, la provisión de medidas y recursos de apoyo social se dirige mayoritariamente a mujeres en situación de trata y explotación sexual, por considerarse la forma de explotación más cruel y originada por la prostitución. Esta comunicación profundiza en algunas de las consecuencias que estos procesos de identificación, acceso a derechos y provisión de recursos tienen para parte de las personas implicadas en el fenómeno de la trata. Para ello, se entrevista a siete mujeres que han participado en el proceso de identificación oficial como víctimas de trata para explorar sus valoraciones sobre dicho proceso y su situación actual de acceso a derechos. Parece que la configuración de medidas antitrata se basa en una determinada imagen de víctima que obliga a las mujeres afectadas por este fenómeno a mostrar una conducta específica para ser dentificadas como tal. Esto les provoca sentimientos de desconfianza y miedo hacia las autoridades, así como procesos de revictimización que les acompañan durante sus trayectos vitales y que no siempre cristalizan en un ejercicio de derechos satisfactorio.