Numerosas comunidades en México han sido afectadas y desplazadas a causa de la instauración de obras de infraestructura hídrica en favor del desarrollo y crecimiento económico regional. Bajo la retórica del bien común y el uso de energías limpias, el Estado presiona a poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes, que habitan en espacios provistos de recursos hídricos, de diversidad biótica y mineral, a ceder sus territorios. A inicios de este milenio, la organización y movilización de poblaciones afectadas por este tipo de proyectos logró frenar algunas obras hidroeléctricas incluidas en la agenda gubernamental. Varios de estos colectivos forman parte de movimientos nacionales e internacionales en defensa por el agua y sus ríos, de ahí, que sus estrategias de lucha se enriquezcan y generen lazos de solidaridad entre ellos. Uno de estos casos, es el colectivo Consejo de pueblos en defensa del río Verde en la costa del sur del país, cuya lucha pacífica suma 13 años a la fecha. Recientemente, y después de una larga batalla jurídica, en el año 2019, el colectivo logró obtener la resolución judicial que detiene la posible construcción de una presa hidroeléctrica. Sin embargo, las batallas jurídicas tienen límites, pues las instituciones gubernamentales buscan resquicios en la ley para eludirla y abusar de su autoridad para persistir en llevar a cabo las obras citadas. La comunicación reflexiona en torno a los desafíos que enfrentan las poblaciones habitantes de la cuenca, las contradicciones que existen en torno al proyecto hidroeléctrico y los daños ecológicos y sociales irreversibles

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