La articulación de la ciudad como proyecto político en la época contemporánea refleja la transformación de las urbes en espacios focalizados a la lógica del consumo.  Las calles y las agitaciones humanas que en éstas se generan son sometidas a mecanismos de control y sanción cada vez más extensivos, una estrategia que pretende fomentar la convivencia ciudadana y reducir comportamientos que representan un desorden y una amenaza a la función mercantil del viario urbano. El estatus fluctuante e impredecible de las relaciones urbanas perpetúa la gestión diferencial de ciertos sujetos, un proceso de marcaje simbólico que es ejercido sobre categorías que a su vez son definidas como “colectivos en riesgo de exclusión social”. Las políticas de intervención social y otros métodos de control son aplicados al escenario urbano con el propósito de neutralizar y desconflictivizar su marco de interacción humana. Como resultado, las profesiones sociales devienen una de las herramientas políticas más presentes para dar respuesta a procesos de precarización, marginación y exclusión que el mismo contexto neoliberal genera. La contratación por parte de los órganos institucionales es un hecho que no pasa inadvertido en el encargo político del educador de calle, cuya metodología de actuación se encuentra inmersa en esta paradoja que confunde su ejercicio pedagógico. Este proceso de revisión académica pretende señalar ciertas cuestiones en lo que concierne al replanteamiento de la praxis educativa que realiza el/la profesional de la educación de calle y cómo éste traduce el encargo político a un discurso pedagógico y práctica educativa.