El aparato burocrático constituye el organismo distribuidor de los derechos de este colectivo migrante y de los bienes y servicios gubernamentales asociados a ellos; y esta distribución, que en teoría basa sus mecanismos y criterios en el corpus legislativo nacional e internacional se basa, en la práctica, en las clasificaciones de pertenencia y exclusión que construye ese mismo aparato burocrático en su ejercicio diario (Holston, 2008)[1]. No es sólo un discurso político particular el que es legitimado a través de las clasificaciones y exclusiones que realiza la praxis burocrática sobre el conjunto de los migrantes que solicitan ser reconocidos como desplazados; es la propia construcción social simbólica del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia la que encuentra en el sistema burocrático de atención a la población desplazada uno de sus primeros lugares de producción y reproducción. Es en los lugares donde el poder político es ejercido de manera concreta, en la praxis burocrática con sus adaptaciones, adecuaciones e interpretaciones de los mandatos constitucionales, donde podrá observarse la materialidad de la violencia simbólica ejercida contra los desplazados por la violencia en Colombia por parte del Estado así como la instrumentalización del aparato burocrático como herramienta de legitimación del sistema clasificatorio dominante (Bordieu, 1993)[2].[1] Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil. Princeton University Press.[2] Génesis y estructura del campo burocrático. Actes de la Recherche en Sciencies Sociales 96-97.