La pobreza y la exclusión social han aumentado drásticamente en España desde el inicio de la crisis económica en 2008. Como consecuencia, los beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), se han triplicado en este periodo de tiempo. La RMI tiene en teoría dos funciones: paliar pobreza y contribuir a la inserción a través de políticas activas. En la práctica, la falta de recursos la hace fracasar en ambos casos. Esta comunicación centra su análisis en dos puntos: 1. Los marcos discursivos basados en el merecimiento (de carácter neoliberal), o mérito percibido que han hecho grupos sociales o individuos para ser dignos receptores de la RMI. Técnicos de Servicios Sociales que tramitan este subsidio construyen estos marcos principalmente en base a la percepción de los usuarios como «crónicos», no merecedores, y «nuevos», merecedores de las ayudas que habían trabajado antes de la crisis del 2008-9. Los usuarios, por otra parte, tratan de huir de la categorización de no merecedores presentándose como portadores de una ética del trabajo hegemónica, capacidad de control del gasto, actitud de búsqueda activa de trabajo, y contribuyentes netos en el pasado. 2. Discursos alternativos que contestan la asistencia social como beneficencia o la intentan presentar como un derecho social, tal como también se refleja en los discursos de técnicos y usuarios. En este sentido, la nueva crisis del 2020 puede volver a plantear la idea de la renta básica universal como alternativa a los subsidios sociales condicionados del tipo workfare típicos del modelo neoliberal del Estado de Bienestar.

(*)El autor o autora no ha asociado ningún archivo a este artículo