La responsabilidad de acogida en el sistema de protección internacional recae sobre el estado. Sin embargo, siguiendo una dinámica extendida de externalización del asilo a terceros por parte de los estados occidentales, España ha delegado el programa de acogida de protección internacional a organizaciones no-gubernamentales. Estas se convierten en responsables a la vez de la implementación de las políticas públicas en materia de acogida de asilo y de lidiar con las consecuencias que estas conllevan para las vidas de las personas solicitantes. A la vez, las múltiples fallas del sistema, marcado por una política del no-hacer y prácticas de disuasión, han hecho que aparezcan toda una variedad de otros actores que se han convertido, de facto, en responsables de la acogida. Programas locales, supralocales y regionales, movimientos de la sociedad civil, activistas y organizaciones benéficas, proveen servicios de acogida para las personas solicitantes de asilo que, por una u otra razón, caen a través de los agujeros del programa estatal de acogida. Así, la responsabilidad de la acogida se disipa entre una multiplicidad de actores que asumen la provisión de servicios ante la necesidad sobrevenida, mientras el propio sistema estatal de acogida confía, para su funcionamiento, en valor humanitario y el trabajo voluntario de los mismos profesionales de las ONG subcontratadas, activistas, servicios sociales, vecinas y vecinos.