La legislación española sobreprotege a las entidades financieras, a las grandes inmobiliarias y a los fondos buitre en detrimento de los hipotecados e inquilinos con dificultades socioeconómicas. El proceso de desahucio se convierte en un tramo que difícilmente se puede solucionar mediante la burocracia normalizada de las entidades privadas y la administración pública. La cual, despliega una serie de prácticas atomizadoras que provocan un estado de anomía en las personas afectadas. Reduciendo su propia relación con el tiempo a una carrera a contrarreloj por su propia supervivencia biológica. Estas formas de exclusión provocan un estado de miedo y parálisis, que utilizan los actores privados a su favor para impedir una reacción por parte de las personas afectadas. Para ilustrar esta situación, mostraremos una comparativa cualitativa de cuatro casos de personas que acudieron a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, mostrando aspectos comunes del recorrido que realizaron antes de acudir al movimiento: tratando de conseguir una solución a través de una infructuosa negociación individual con el banco y también la ineficiente búsqueda de una alternativa habitacional por parte de servicios sociales. Y cómo estas experiencias acrecentaron un estado de violencia económica, que estigmatizaba a la persona afectada provocando la concepción de que su caso era único, irresoluble y que toda la responsabilidad recaía sobre la persona afectada.