El contexto de violencia sostenido pone en cuestionamiento la pertenencia nominal a un Estado. La violación de derechos y la incapacidad del Estado mexicano afecta a propios y extraños. El discurso de la nacionalidad ya no tiene espacio, pues también los ciudadanos de “segunda clase” –los marginales, los excluidos- están, junto con los externos (los migrantes), en constante riesgo. De ahí que los derechos humanos puedan constituir una herramienta de defensa que responda a los reclamos de esta población. Sin embargo, existe una distancia que no se ha podido superar entre la ley escrita y su implementación. Al menos en el caso mexicano, las normas que salvaguardan los derechos y obligaciones tanto de nacionales como extranjeros, aún en situación irregular, son claras. Sin embargo, a la hora de su implementación los funcionarios no están suficientemente capacitados o no tienen la voluntad de hacerlas realidad.La violación sistemática de derechos la sufre tanto la población mexicana como los migrantes, en este caso salvadoreños en tránsito por México, víctimas tanto de bandas criminales como de la apatía o negligencia de las diversas corporaciones policiacas. México comparte con El Salvador un contexto de violencia estructural que vulnera tanto a nacionales como extranjeros, además de la precariedad económica que facilita esta situación. La seguridad se convierte en el pretexto para la violación de derechos por parte del Estado que, centrado en la “protección de la integridad física” de la población, olvida cuestiones básicas de la seguridad humana: empleo, vivienda, educación, salud.

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