La legislación estatal y autonómica sobre los derechos y protección de la infancia y adolescencia, establece tanto los principios de protección como las medidas para implementarla. Así, cuando las instituciones sociales, o bien aquellas personas que forman parte del entorno socio-familiar más próximo del menor, detectan indicadores de riesgo, se activan una serie de mecanismos y protocolos que tienen como objetivo último tomar las medidas de protección adecuadas y necesarias para garantizar su bienestar. Estas medidas incluyen la potestad de la administración pública para asumir las obligaciones parentales mediante delegación provisional o definitiva a otras instituciones y/o individuos de las funciones de crianza correspondientes originalmente a los progenitores, así como de las obligaciones que se deriven respecto al/la menor. En esta comunicación, nos centraremos en dichas medidas de protección, los supuestos en que se activan y las consecuencias de su aplicación. Para ello, nos referiremos específicamente a una situación extrema –aunque paradigmática-- de tal aplicación: las adopciones truncadas.

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