La incapacitación judicial —figura de protección legal ampliamente aplicada a personas diagnosticadas con discapacidad intelectual— se justifica en base a un criterio determinado por la consideración de la discapacidad como una enfermedad o deficiencia persistente que impide a la persona gobernarse por sí misma, interpretación adscrita al modelo médico-rehabilitador de la discapacidad. Al explorar la dimensión vivida de los procesos de incapacitación, es posible atender a la elaboración de un sentimiento de injusticia que se expresa mediante un lenguaje de (in)merecimiento respecto a distintos aspectos asociados a la incapacitación (negación del derecho de sufragio, evaluación forense de capacidades, adjudicación de medidas de protección distintas a las solicitadas) los cuales son percibidos como agravios, tanto por las personas a las que se aplican dichas medidas, como por quienes las promueven, por considerar que están elaborados con escaso o nulo conocimiento de las personas a las que se aplican, estar cargadas de prejuicios sobre la discapacidad y negar derechos fundamentales. Estos agravios percibidos dan lugar a distintos tipos de respuesta, desde reivindicaciones individuales que siguen vías formales y se apoyan en instrumentos del derecho internacional para recurrir las resoluciones judiciales, hasta la inconformidad con la resolución judicial percibida como injusta sin una posterior reivindicación formal. Independientemente del tipo de respuesta, el análisis de los discursos elaborados en torno a la experiencia del proceso de incapacitación revela la utilidad de la noción de (in)merecimiento para captar las concepciones de (in)justicia que se elaboran y que no siempre se corresponden con un esquema redistribución-reconocimiento.

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