Los productos agroalimentarios con certificación territorial de calidad como denominaciones de origen (DOs) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) están jugando un papel protagónico, mediando entre la esfera productiva y de consumo. El modelo de calidad alimentaria implementado en la UE confiere un papel protagonista a estas figuras que se posicionan como solución a ciertos problemas endógenos de los territorios como la despoblación o el envejecimiento, llegando a operar incluso como herramientas de política pública en las zonas de productoras. Pero este modelo acarrea ciertas consecuencias ante las que me propongo reflexionar. La principal es la estandarización y homogeneización tanto productiva como nominativa, regida por los principios de propiedad intelectual e industrial y que suele quedar en manos de unos pocos productores. Se privatiza así la explotación de ciertos usos, costumbres y saberes productivos comunes. Este proceso está pues cargado de aristas, movimientos críticos y resistencias tanto internas como externas, que nos abren un interesante debate en torno al papel que juegan estas figuras de calidad territorial. ¿Podemos pensar en ellas como privatizaciones de “bienes comunes alimentarios” por su agregado proceso de mercantilización y posicionamiento en un mercado global: un nombre y un saber hacer, un patrimonio?, o por el contrario ¿ suponen una medida de gestión del “común”?, colectiva y de protección que permite construir comunidad.

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