Noruega se considera, junto con el resto de países escandinavos, el paradigma del Estado de bienestar. Sus políticas sociales tienen como objetivo garantizar el sustento y el buen desarrollo de todos sus ciudadanos pero tienen como especial centro de acción a los niños y a las mujeres. Desde finales del siglo XIX Noruega ha seguido un proceso de construcción de un Estado cuyas políticas han ido poco a poco desplazando a los hombres de lo que se había considerado su rol tradicional dentro de la familia: el de sustento y el de protección. Asumiendo este rol y estas responsabilidades, se ha llamado al Estado como “paternalista”. Las políticas de protección de los menores han ido acompañadas de la aplicación de subsidios y políticas sociales que garantizan que aquellas personas que se consideran primeros responsables en su cuidado, la madre y el padre, tengan un marco temporal y económico cómodo para poder desarrollarlo. Pero además, estas políticas sociales han ido acompañadas de una legislación que institucionaliza las formas parentales, el ser madre y padre y los modelos de familia.Mi propósito en esta comunicación es analizar cuál es el marco político, económico y legal de la regulación de la parentalidad y cuál es el papel del Estado noruego más allá del de legislar: su presencia como agente parental. 

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