A lo largo de 2012 la Asamblea Comunal de San Jacinto (bajo Marañón, Amazonía peruana) debatió sobre el acceso y los usos de su bosque comunal. Las discusiones mostraban tensiones entre distintas prácticas desarrolladas tanto por el vecindario como por foráneos. Se hizo patente que varios vecinos contribuían directa o indirectamente a la extracción de árboles maderables con el propósito de obtener ingresos a nivel personal. Es decir, unos vecinos se enriquecían con la venta de árboles comunales y otros se quejaban del despropósito de esta práctica por la merma de árboles y por tratarse de una apropiación individual de un bien comunal a espaldas de la comunidad. Las voces críticas demandaban una regulación y control comunales más fuertes sobre el acceso y uso del bosque. La normativa que se aprobó priorizó lo siguiente: primero, asegurar que cada familia pudiera disponer de árboles para construir o mantener su casa sin costo alguno; luego, poner precio a cada árbol dedicado a la venta por parte del vecindario; y por último, poner un precio más elevado a los árboles susceptibles de ser vendidos a foráneos (no se habló de una cantidad máxima de árboles para el mercado). Por último, se acordó que la Asamblea Comunal fuese la institución gestora y vigilante de tales actividades, con lo que la actividad forestal sería sometida a mayor control público comunitario. Al parecer, la prioridad de esta demanda colectiva se centraba en que un bien comunal como el bosque, estuviese primero al servicio de las necesidades de sustento de todos los hogares; segundo, que el proceso fuese transparente, justo e igualitario; y tercero, dotar de mayor liquidez a las arcas comunales. Por consiguiente, las demandas internas estaban prioritariamente basadas en garantizar justicia e igualdad para el vecindario, más que controlar el estado del bosque, es decir, su sostenibilidad. De hecho, la sostenibilidad más que una finalidad, devenía un efecto secundario del control.

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