En Cataluña, los efectos de la crisis económica en el ámbito del patrimonio natural obligan a revisar algunas de las conclusiones establecidas por la antropología de la conservación. Por un lado, la amenaza de la privatización de las áreas protegidas ha contribuido a reclamar un refortalecimiento del papel de la administración en su gestión. Por otro, las iniciativas conservacionistas surgidas al margen de las instituciones públicas se han multiplicado y han adquirido una mayor visibilidad. Podemos identificar tres grandes tipos de proyectos en este sentido: las fundaciones orientadas a la adquisición y la gestión de fincas de interés natural, los relacionados con la llamada custodia del territorio y un conjunto más heterogéneo de propuestas asociadas a la explotación comercial de la naturaleza. Frente al impulso inicial ejercido por antiguos activistas ambientales, la economía turística ha favorecido una proliferación de proyectos promovidos por jóvenes en busca de oportunidades laborales en el medio rural. Tomadas en su conjunto, estas iniciativas configuran una red mucho más compleja y plural de lo que habitualmente se había considerado. Esta diversidad de actores apunta a una mayor participación social en el campo de la conservación y ha contribuido a limitar el anterior protagonismo del Estado así como el carácter vertical de sus políticas.

(*)El autor o autora no ha asociado ningún archivo a este artículo