Desde el año 2010, la lucha contra la trata emergió en la Argentina como una cuestión de altísima prioridad política, signo de una emergente “perspectiva de género” en las políticas públicas y punto de articulación de actores a lo largo del espectro político. Así, fueron creadas y potenciadas en sus atribuciones un conjunto de burocracias judiciales y asistenciales abocadas a la identificación del delito de trata y de sus víctimas. El desenvolvimiento de la campaña argentina revela - de manera similar a otros contextos nacionales - que los objetivos de las políticas desplegadas exceden la identificación y desmantelamiento de las inserciones forzosas en el mercado del sexo, y se orientan a la eliminación de cualquier forma de sexo comercial. En este contexto de creciente criminalización quienes participan del mercado han elaborado distintas estrategias para intentar construir “desde abajo” formas de legalidad del comercio sexual. El presente trabajo tiene como objetivo describir dichas estrategias, tanto como las apropiaciones prácticas que las trabajadoras sexuales y las terceras partes han hecho de los dispositivos y discursos anti-trata para permanecer en el mercado y procesar conflictos en él. Para ello, me baso en mi trabajo de campo con trabajadoras sexuales y en el análisis de expedientes judiciales desde una perspectiva antropológica.

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