En el contexto de la grave crisis económica actual, muchas familias españolas no pueden hacer frente a las cuotas hipotecarias de su vivienda. El impago de las cuotas provoca la aplicación de la Ley hipotecaria, mediante la cual las entidades bancarias inician un procedimiento para reclamar la deuda a la persona que ha dejado de pagar y que, en muchos casos, termina en el desahucio. Como resultado de la aplicación del procedimiento de ejecución hipotecaria las familias pierden la vivienda y se ven obligadas a asumir y arrastrar una deuda económica en el futuro. Esta comunicación es el resultado de un trabajo etnográfico y de análisis de documentación iniciado en febrero de 2012. Se presenta el procedimiento de la Ley hipotecaria de 1909 y las respuestas que se han organizado por parte de la sociedad civil desde abril 2012 hasta la actualidad, para provocar, sugerir y proponer un cambio legislativo. Se expondrán cronológicamente las acciones e iniciativas promovidas por la PAH, en algunos casos junto con otros agentes, para que el derecho a la vivienda sea un derecho reconocido de los ciudadanos españoles, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinan la incompatibilidad de la Ley con los derechos de los ciudadanos europeos y como el gobierno español ha reaccionado ante estos hechos aprobando la Ley 1/2013. Un año después de la resolución de la ley, la realidad de las familias afectadas por la hipoteca no ha variado y el número de ejecuciones hipotecarias sigue aumentando, por lo que las pequeñas modificaciones que se incluyen en la nueva ley mantienen los desequilibrios entre el poder bancario y la ciudadanía y perpetúan la situación de emergencia habitacional. Por otra parte, la sociedad civil continua su lucha y sigue realizando acciones e iniciativas para modificar esta legislación que no ampara el derecho de defensa de los ciudadanos ni el derecho a la vivienda.