Las mujeres consumidoras de drogas en prisión sufren un triple castigo, derivado de la trasgresión de las leyes penales y las normas sociales de mujer-madre-cuidadora, a lo que se añade la estigmatización de las mujeres consumidoras de drogas. Las mujeres en prisión se encuentran en una posición de discriminación que se materializa a nivel de la infraestructura, con menor y peor espacio para su privación de libertad, continúa en las actividades que reproducen los roles de género y se ejecuta en mecanismos y dispositivos de control que hacen que éstas sean más duramente penalizadas. Se trata de dispositivos de control social, tratamiento, invisibilización y medicalización de los problemas estructurales, que la institución activa con el fin de lograr transformar a las mujeres consumidoras de drogas en mujeres adscritas al rol, capaces de gobernarse a sí mismas. Este proceso disciplinario es dinámico; las mujeres en su capacidad de agencia desarrollan diferentes tácticas y resistencias ad hoc para la prisión. Es frecuente que sean indirectas y más sutiles como las quejas o ironías y donde el consumo de drogas se convierte en una táctica para soportar la violencia institucional que padecen, así como un trueque y medio de subsistencia. El uso de resistencias adscritas al rol de hombre (más conflictivas y violentas) y de reivindicación de derechos, es duramente reprimido y conlleva, además de la pérdida de derechos de acceso a la libertad, la presión añadida del traslado de las mujeres de centro penitenciario y la ruptura de sus vínculos sociales.

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