Las relaciones que se establecen entre humanos y animales en los entornos rurales del suroeste peninsular están siendo modeladas por la implementación de políticas agro-ambientales procedentes de Europa, del Estado y de las Comunidades Autónomas. Desde las reestructuraciones productivas que se iniciaron en los años sesenta del pasado siglo el medio rural extremeño ha ido despoblándose, propiciando una descampesinización pronunciada, un aumento de superficies agrícolas no utilizadas y la concentración limitada de explotaciones ganaderas en regímenes intensivos o semi-extensivos.Especies silvestres como ciervos y jabalís, testimoniales históricamente en esta zona, encuentran poca resistencia para su reproducción y propagación por tierras donde la maleza y los arbustos ganan espacio a terrenos cultivados. Estos han pasado a considerarse alimañas debido a que son un reservorio de Mycobacterium bovis, la tuberculosis bovina. Al campar libremente y con mayor asiduidad por el territorio, los contagios a vacas y cabras están siendo muy elevados en los últimos años, lo que hace que una vez que se les detecta el positivo tengan que ser sacrificadas. Esto entraña costos adicionales para los propietarios, que ven mermadas sus producciones y tienen que enfrentarse a trastornos económicos y burocráticos continuos. Ante esta situación conflictiva, ganaderos y cazadores han intensificando relaciones para acabar con especies que, de no ser por las aplicaciones políticas en materia agrícola, ambiental y cinegética en el medio rural, seguirían teniendo un estatus alejado de consideraciones negativas, dañinas o perniciosas para los intereses humanos.

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