A menudo se contrapone la noción de bienes comunes con la de intereses privados; se sitúan de este modo los bienes de titularidad pública junto con los bienes comunales frente a los procesos de privatización y mercantilización como dispositivos para la apropiación individual de lo común. En el contexto de la gestión neoliberal de la crisis económica y financiera que afecta especialmente a los países del sur europeo (el arco mediterráneo y Portugal) asistimos, como es sabido, a una aceleración de los procesos de expolio de bienes de titularidad o uso compartido. Sucede, no obstante, que esa intensificación se produce no sólo a través de la transferencia de patrimonio o servicios de titularidad pública, sino que, paradójicamente, lo público se ha erigido también como herramienta de despojo, como mecanismo que disminuye las posibilidades de uso y de control colectivo de espacios, bienes y servicios. El primero de los dispositivos normativos que analiza el trabajo es el de las ordenanzas municipales encargadas de distinguir entre actitudes cívicas y actitudes incívicas, dignas de rechazo y sanción. Por medio de ellas se ha procedido a una restricción notable de los usos del espacio público a disposición de la ciudadanía, especialmente de aquélla que cuenta con menos recursos. El segundo ámbito de análisis es el referido a las normas de racionalización del gasto público, y en especial aquellas, como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que articulan herramientas jurídicas con las que se dispone que en determinadas circunstancias, concejos y pedanías locales pasen a integrarse, y con ellos los bienes comunales que gestionan, en los municipios de los que dependen. Esta asunción pública de bienes comunales puede verse como paso previo a su patrimonialización en favor de intereses económicos privados, como numerosos ejemplos atestiguan.

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