Con el inicio de la crisis económica, se produjo un incremento del desempleo a una velocidad sin precedentes históricos, al menos desde 1964, año en el que se puso en marcha la Encuesta de Población Activa. España fue, después de Grecia, el país con el número de parados más elevado de la UE . Con la anunciada pretensión de crear empleo, el gobierno del Partido Popular aprobó, en el año 2012, el Real Decreto que puso en marcha una reforma laboral que condujo a una bajada de las indemnizaciones por despido improcedente, a la ampliación de las causas de despido objetivo y a la colaboración de las mutuas de trabajo en la evaluación de la Incapacidad Temporal.  Todas estas circunstancias, han provocado que muchos trabajadores acudan al trabajo a pesar de estar enfermos - presentismo laboral-, o bien, a que acepten condiciones laborales a pesar de que las mismas puedan ser perjudiciales para su salud. El Estado español, sirviéndose de la biomedicina, ha procurado, con éxito, que el sufrimiento laboral sea subjetivado por los trabajadores y objetivado por la medicina, como un problemática individual del trabajador enfermo, en lugar de como una enfermedad causada por el trabajo. Los antidepresivos, opiáceos, antiepilépticos, entre otros, se presentan como los remedios más habituales para afrontar estos padecimientos. Sin embargo, estos fármacos , como era de esperar, en vez de poner fin al sufrimiento en el trabajo, le suman al mismo sus efectos secundarios.

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