El avance progresivo hacia el reconocimiento legal de la diversidad sexual y de género llevado a cabo en determinados ámbitos (matrimonio homosexual y transexual, rectificación registral del cambio de sexo, leyes integrales sobre identidad de género,...), no ha impedido que los mecanismos para asegurar la heteronormatividad sigan más activos que nunca. Al desconocimiento jurídico de las peculiaridades que presentan la transexualidad, se suma la imagen mediática estereotipada y limitada que se proyecta sobre este colectivo, centrando su atención en su medicalización y en la neutralización de la diversidad que integra su plural realidad. Su tratamiento empeora aún más cuando se vincula a fenómenos como la migración y el trabajo sexual, como sucede en el caso de las trabajadoras sexuales trans migrantes. Así lo evidencian las prácticas discursivas que desde el feminismo radical y los sectores abolicionistas seimponen sobre la prostitución como expresión máxima de la explotación masculina, condenando al anonimato a este sector más marginal del colectivo trans que utiliza el trabajo sexual como medio para significar su identidad como mujer.   Esta domesticación que se hace de ellas como víctimas indefensas de sus deseos sexuales y expresiones de género, sirve de coartada perfecta para negarles su presencia en los movimientos y debates políticos sobre los derechos del colectivo LGTBI, a la vez que refuerza su invisibilidad social y jurídica. Resulta, pues, necesario señalar los factores que favorecen su marginación, así como las regulaciones que hoy siguen propiciando su desprotección, acoso y abuso policial en lugar de su tutela efectiva.    

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