Los derechos sociales son el punto de partida y el fundamento de los servicios sociales y de sus actuaciones en relación a las personas. Toda intervención social incide en los derechos de las personas y esto requiere un marco legal que ampare el acceso universal a los servicios sociales. El sistema de servicios sociales es el más descentralizado de todos los que configuran el Estado del Bienestar en España y en ello han tenido y tienen un papel determinante los entes locales. La crisis económica, financiera, institucional y social iniciada en 2008, ha incidido profundamente en la prestación de servicios públicos por parte de las administraciones públicas. En este contexto de crisis se ha desatado una vertiginosa reforma administrativa que ha impactado de manera directa en los modelos organizativos y en el régimen competencial de los poderes públicos, y de manera muy especial en la administración local. En la arquitectura pública prestacional catalana, el ente local resulta la unidad imprescindible para desplegar los servicios sociales, respondiendo a los principios de universalidad, proximidad y descentralización, consagrados en la Ley 12/2007 de Servicios Sociales. Esta ley establece como universal el acceso a los servicios sociales para todos los ciudadanos, lo que se puede interpretar como el nacimiento de un nuevo derecho social. La perspectiva local centrará el análisis del sistema organizativo y competencial de los servicios sociales de la Catalunya de la postcrisis; para así poder dibujar el modelo de prestación territorial. Así pues nos aproximaremos al marco jurídico de los servicios sociales analizando la normativa internacional, europea, constitucional, estatutaria, local y la legislación sectorial con implicaciones para los servicios sociales locales. En definitiva, analizaremos el actual modelo de prestación servicios sociales de atención centrada en la persona, en particular, del ámbito local.

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